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28 de julio de 2020

“La labor de Bomberos es muy querida y valorada por la sociedad, y ahora será más protegida y resguardada”

  • Gobernador del Ranco Alonso Pérez de Arce destacó promulgación de ley que aumenta sanciones contra agresores de Bomberos en ejercicio.

Tras la reciente promulgación de la ley que endurece las sanciones contra las personas que agredan a bomberos durante el ejercicio de su labor, el Gobernador provincial Alonso Pérez de Arce afirmó que con este hito se avanza en gran medida por el camino de reconocer la nobleza, y vocación de esfuerzo desinteresado de los bomberos de la provincia del Ranco y la Región.

“La labor y la institucionalidad de nuestros bomberos es muy valorada y querida por toda la sociedad, y ahora con esta ley que impulsa el Gobierno, esa labor será más resguardada y protegida por todos”, aseveró la autoridad del Ranco.

Pérez de Arce agregó que esta nueva ley buscar dar mayor protección para el desarrollo de la fundamental labor de los bomberos y bomberas en favor de la seguridad de la ciudadanía, y detalló sobre la misma que: “el instrumento legal busca aumentar las penas del delito de lesiones graves y menos graves contra Bomberos en el ejercicio de sus funciones, equiparándolas a las penas de graves delitos como lesiones en contexto de violencia intrafamiliar. Además la ley brindará protección a todos los miembros de los Cuerpos de Bomberos al momento de ser víctimas de lesiones durante la ejecución de sus labores”.

En la misma línea de las sanciones y acciones de la nueva ley, se determina que dado el caso de agresiones a bomberos en el cumplimiento de sus deberes, para las lesiones graves se aumenta la pena desde 541 días a 3 años, a 3 años y 1 día hasta 5 años. En tanto, para las lesiones menos graves, se aumenta la pena desde 61 días a 540 días, hasta 541 días hasta 3 años.

De esta manera, la pena se iguala con la de otros delitos graves del Código Penal como las lesiones cometidas en contexto de Violencia Intrafamiliar, cuando se ejecutan en contra de un menor de 18 años o en contra de un adulto mayor o persona en situación de discapacidad por quienes tengan encomendado su cuidado.

Finalmente, cabe destacar que la ley forma parte de un compromiso del Gobierno con la protección de diversos funcionarios públicos como los funcionarios de la salud, profesores y policías.